La Voz de Marchena

La intranquilidad en los vecinos propietarios de locales y viviendas en la estrecha calle frente al Complejo Parroquial Madre de Dios, reina después de que el Consejo Consultivo determinara que se construyó para uso residencial en zona verde y el Ayuntamiento declarara nula la licencia de obras. El Ayuntamiento rechaza alegaciones obligado por la sentencia del Consultivo. Los vecinos defienden haber actuado conforme a los requisitos y se manifiestan "agraviados" porque su situación quede en el aire mientras la de los terrenos de la nueva Iglesia ha quedado resuelta hace un par de meses.

 El Consejo Consultivo emitió un demoledor informe en el que se determina que se construyó en zona verde para uso residencial, por lo que el estudio de detalle no se hizo conforme a ley ni conforme con el Planeamiento General de Marchena coincidiendo con el informe del arquitecto municipal en noviembre de 2009, y también afirma que "se incrementó el aprovechamiento del ámbito de la unidad de actuación, por lo que concurrió en causa de nulidad", además de reseñarse la falta de informe jurídico junto al proyecto presentado a principios de 2003.

Con estos antecedentes jurídicos puestos encima de la mesa, es evidente que el Ayuntamiento de Marchena no puede oponerse a un informe vinculante del Consejo Consultivo de Andalucía, máxima autoridad administrativa de nuestra comunidad, aunque es tanto o más evidente, siguiendo esta regla de tres, que los vecinos se ajustaron a los requisitos que se les solicitaron para obtener sus respectivas licencias y formalizar la compraventa de sus locales y viviendas, ya que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Marchena acordó en abril de 2003 conceder la licencia de obra solicitada, con arreglo al proyecto presentado, y posteriormente conforme fueron adquiriendo los propietarios esas viviendas lo hicieron con normalidad como en cualquier vivienda de nuestra localidad, siguiendo en estos momentos conforme a ley pagando la contribución, facturas e impuestos correspondientes.

Ante esta situación de indefensión, con una Comisión de Investigación que se aprobó en Pleno que investigaría tanto estas construcciones de 1.242 metros cuadrados de terreno en total, más otros más de 6.000 de los que no ha quedado acreditada la titularidad en el momento de emprender las construcciones, los vecinos han tenido la oportunidad, como seis de ellos han hecho, de acogerse a la formulación de alegaciones, defendiendo que actuaron conforme a los requisitos de que en ese momento la licencia fue otorgada legalmente y que conforme a ley también presentaron todos los documentos pertinentes para la compra, por lo que no entienden como "el caso de la Iglesia se ha resuelto, que no está terminada ni vive nadie, mientras que los vecinos estamos en esta situación de inseguridad y de indefensión cuando no hemos cometido ningún delito", afirman algunos de ellos.

Concretamente la respuesta de la secretaría municipal a las alegaciones presentadas es prácticamente idéntica en todos los casos y reza así: "Analizando la documentación presentada, la misma se fundamenta en que los actos realizados por parte de los propietarios, han sido conformes a lo que en todo momento se le ha requerido, y actuando de buena fe. Sin embargo, no se fundamenta en la alegación ninguna circunstancia relativa al fundamento del otorgamiento de la licencia de obras, que es realmente el cuerpo que sustenta el expediente de la revisión de oficio. Por tanto, no se aportan argumentos contradictorios relativos a la concesión de la licencia de obras objeto de este expediente de revisión, que puedan debatir o contravenir, los informes y demás documentación obrantes en el mismo".

En definitiva, la respuesta viene a determinar que la licencia de obra se encuentra en un escalón superior que determina todas las demás operaciones, y que siendo ésta concedida de forma "ilegal", todo revierte el mismo carácter independientemente de la voluntad y documentación aportada por los vecinos, a los que se les llega a 'recomendar' que reclamen directamente sobre el asunto de la licencia de obras concedida a la empresa y no sobre su correcto proceder para la adquisición de sus locales o viviendas. Es decir, es un juego en el que de momento no se les permite participar, algo lógico desde el punto de vista jurídico con el informe vinculante del Consultivo, pero que no deja de chocar desde el punto de vista humano, pues en este mundo y en este país con tanta injusticia sin condena y tantas cosas mal hechas en el campo urbanístico, muchas de ellas impunes o sin tener por donde metérsele mano, unos vecinos trabajadores que hacen sus deberes conforme a lo que una administración les piden, se ven en este juego como marionetas de un proceso de mayores dimensiones, y de paso, también perjudicados económicamente en el sentido de que es materialmente imposible de que se puedan acoger a su derecho de vender sus locales en la situación en la que se encuentran ahora o incluso de que cualquier día se pueda decretar el cierre o expulsión de los mismos, algo técnicamente posible, si bien es cierto que en la realidad aún no es una posibilidad que tome cuerpo.

Es decir, en definitiva, el asunto de la licencia de obra engloba al resto, por lo que no se vislumbra una salida demasiado positiva para los problemas de los vecinos, que se sienten agraviados respecto a la iglesia a la que sí se desbloqueó la situación, como el propio equipo de Gobierno reconoció, con "un encaje de bolillos" por parte del Consultivo defendiendo el "uso equipacional" del nuevo Complejo, así como en determinadas construcciones como el tanatorio y el centro de salud.

Tampoco entienden como "el Ayuntamiento ha aprobado hacer legal las construcciones que se construyeron ilegalmente en su día en todo el pueblo y en el campo, y en este caso nuestro no se nos ofrece ninguna solución", en referencia al acuerdo adoptado en una reciente sesión Plenaria por la que se iban a emprender los pasos urbanísticos necesarios para convertir suelos no urbanizables en urbanizables y dar cobertura legal a, entre otros, muchas de las aproximadamente 2.000 construcciones que cifra el equipo de Gobierno que se pudieron construir ilegalmente en la última década en Marchena, con la incorporación futura en calidad de "en régimen fuera de ordenación" y a las que ahora con esta figura y siempre que cumplan unas determinadas condiciones, se les ofrecerá protección legal para evitar que se pueden derruir o denunciar, condiciones de las que se excluye estar en zona verde o destruir una zona de protección ambiental, entre otras.

De esta forma, hace unos días recibían los vecinos la notificación de los acuerdos tomados en Pleno para declarar "nula de pleno derecho" la licencia otorgada a la constructora el 29 de abril de 2003 y ahora les queda a éstos plantear recurso administrativo de reposición con carácter potestativo ante el propio Ayuntamiento o acudir al Tribunal Contencioso Administrativo en el plazo de dos meses.

La conclusión es la cara de "tontos", por no decir otro vocablo, que se les queda a los vecinos una vez que tienen en sus manos las licencias correspondientes para la ocupación de sus locales y viviendas de los que llevan siendo dueños o viviendo incluso varios años pagando sus correspondientes impuestos, y teniendo en regla en su momento los documentos de compraventa correspondientes firmados ante notario; todo por problemas que les afectan directamente sin ser los responsables directos y sobre todo, sin valerles absolutamente de nada su proceder responsable a efecto de las alegaciones, pues técnicamente son partes del conjunto de la posible actuación ilegal de técnicos y/o empresa constructora en su momento, tal y como se investiga desde el propio Ayuntamiento.

Son eso, partes de un conjunto para la administración, para la justicia y dentro del proceder correspondiente, mientras que la parte personal del deber cumplido, parece no tener amparo legal. Ahora sólo les espera que el proceder de la investigación y el jurídico, el caso también se encuentra en Fiscalía, se acelere, y se les dé una solución por otra vía urbanística al igual que en otros muchos casos se está haciendo, pero que parece ser que no es posible en éste mientras continúe la investigación del caso.

Recorrido de hechos

Con fecha sin determinar en el expediente  tiene entrada en el Ayuntamiento la solicitud de licencia de obra mayor  por parte de un constructor para la construcción de diez viviendas y locales según proyecto redactado por un arquitecto, visado por el Colegio de Arquitectos de Sevilla el 13 de enero de 2003.

Con fecha 21 de abril de 2003 se emite informe del arquitecto municipal en el que se informa favorablemente la concesión de la licencia.

El 29 de abril de 2003 la Junta de Gobierno Local acuerda "conceder la licencia de la obra solicitada, con arreglo al proyecto presentado". No consta en el expediente que se hubiera emitido informe jurídico alguno.

El 22 de enero de 2009, el arquiteco municipal pone de manifiesto posibles irregularidades sobre distintas zonas verdes.

Con fecha 29 de enero de 2009, el Pleno del Ayuntamiento de Marchena crea una Comisión Informativa Especial para el estudio de las posibles irregularidades derivadas del punto anterior.

El arquitecto en cuestión emite informe encargado por la citada comisión, con fecha 9 de noviembre de 2009 por el que se pone de manifiesto que el estudio de detalle de la Unidad de Actuación 3 determina que  aparece la parcela o manzana 4 de 1.242 metros "destinados a uso residencia, ocupando parte de la zona verde o espacio libre señalado por las Normas Subsidiarias Municipales. Realizando consulta a Catastro detectamos que la parcela catastral x destinada a uso residencial según el Estudio de Detalle, es contrario a lo que establecen las NNSS, que habían reservado dicha parecela como parte de la zona verde-espacio libre, como una dotación resultante del desarrollo de la UA-3. Se concluye diciendo, por tanto, que el Estudio de Detalle UA3 C/José Montes de Torres s/n es incompatible con el Planeamiento General de Marchena (NNSS)".

El 18 de enero de 2010 se emite informe por la Vicesecretaria en relación con este asunto.

El 28 de enero de 2010, el Pleno municipal inicia el procedimiento de revisión de oficio de la licencia de obras concedidas por concurrir causas de nulidad del artículo 62.1 de la Ley 30/92, es decir, no haber actuado conforme a los procedimientos establecidos.

Entre el 17 y el 23 de febrero de 2010, una vez notificado los pasos a los interesados, se producen cinco alegaciones por parte de propietarios de los locales y viviendas, que se resuelven el 22 de marzo.

El 29 de marzo del presente año se solicita dictamen al Consejo Consultivo de Andalucía en relación a este asunto.

El 20 de abril, el Pleno acuerda suspender el plazo máximo para resolver el período comprendido entre la solicitud y la recepción del dictamen del Consejo Consultivo.

Con fecha de 3 de mayo de 2010, se recibe dictamen favorable del Consejo Consultivo en relación a este asunto.

Por todo lo expuesto se acuerda en Sesión Ordinaria de Pleno de Mayo y por unanimidad desestimar las alegaciones de los vecinos, declarar nula de pleno derecho la licencia concedida, para ya en Pleno Ordinario de Junio aprobar la creación de una Comisión de Investigación sobre el caso y anunciar que se depurarán todas las responsabilidades civiles y penales "caiga quien caiga", según el equipo de Gobierno, con las críticas de la oposición a la vertiente de "desestabilización de los vecinos que han comprado todo en regla en su día", según IU, de acuerdo en el fondo de la investigación, y también por la "rentabilidad política que busca el equipo de Gobierno", según el PSOE.