El alcalde de Marchena, Juan Rodríguez Aguilera, firma un comunicado de Declaración Institucional por la que rechaza profundamente la ampliación del conjunto histórico de Marchena aprobada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, considerando sus fundamentos "erróneos" por incluir edificios ya presentes en el anterior casco histórico, una grave contradicción "no destinar recursos" a la reconstrucción de Santa María o San Agustín, y suponer en definitiva "una ruina" para el pueblo de Marchena. El alcalde afirma que "sólo queda la vía jurídica". Este es el comunicado íntegro de Declaración Institucional:
La Junta de Andalucía aprueba la Delimitación de la Ampliación Histórico para Marchena, en contra de la voluntad unánime de nuestro pueblo.
Desde que el Ayuntamiento de Marchena tuvo constancia del procedimiento de ampliación, se han llevado a cabo multitud de intentos de hacer comprender a la Delegación Provincial de Cultura la desproporción de la medida puesta en marcha, los efectos negativos que producirá y las diferentes posibilidades de proteger nuestro patrimonio sin necesidad de ampliar el conjunto histórico, los argumentos, los razonamientos, ni la voluntad del pueblo de Marchena, han sido escuchados, se ha actuado tomando una decisión que perjudica enormemente a un pueblo y en contra del sentir y la voluntad de todos.
Se han llevado a cabo reuniones con la Delegación provincial de Cultura, donde Alcalde, los portavoces de todos los grupos municipales, constructores, técnicos relacionados con las construcción y restauración de edificios, urbanistas y letrados, le hemos expuesto la infinidad de argumentos que desmontan la necesidad de ampliar el Conjunto Histórico de Marchena.
Al mismo tiempo, se han ofrecido diferentes alternativas para proteger el patrimonio de Marchena sin la necesidad de ampliar el Conjunto Histórico. Se ha ofrecido ampliar el Catálogo de edificios protegidos, se ha ofrecido incluir en el Plan General de Ordenación Urbana la normativa que consideren necesaria. Sin embargo, todas estas propuestas han sido ignoradas por parte de la Junta de Andalucía.
El Ayuntamiento de Marchena ha presentado un conjunto de alegaciones que demuestran técnicamente que la ampliación propuesta por la Junta de Andalucía es una barbaridad:
-Protege infinidad de inmuebles que son de nueva creación, más del 90% de los inmuebles protegidos en la ampliación tiene menos de 40 años.
-Protege bloques de pisos como elementos monumentales y que salvo excepción se autorizaría su demolición.
-Limita enormemente la tipología de los proyectos que se pueden desarrollar en toda la zona afectada.
-Protege naves que no tienen ningún interés arquitectónico y que sólo han servido para guardar tractores y aperos agrícolas.
El Pleno del Ayuntamiento ha rechazado de forma unánime la ampliación propuesta por la Junta de Andalucía, planteando al mismo tiempo otro tipo de soluciones. Los portavoces de todos los grupos municipales han firmado un manifiesto de rechazo a la ampliación propuesta y planteando la necesidad de buscar otro tipo de soluciones.
El Ayuntamiento ha recurrido al Defensor del Pueblo Andaluz para que haga de mediador entre la Consejería de Cultura y el Ayuntamiento de manera que se logre encontrar un punto intermedio que satisfaga los objetivos de ambas instituciones.
La Diputación de Sevilla ha respaldado de forma unánime las alegaciones presentadas por el Ayuntamiento de Marchena y ha solicitado a la consejería de Cultura que busque una solución a este conflicto.
El Ayuntamiento ha recurrido a la Delegación Provincial de Gobernación para que medie entre ambas instituciones.
En definitiva, el Ayuntamiento de Marchena ha agotado hasta la extenuación todas las posibilidades de parar o disminuir esta ampliación, que calificamos lesiva para los intereses generales de Marchena porque:
-Supondrá la ruina para muchas familias que tienen sus propiedades dentro de la ampliación.
-Llega en el peor momento, supone trabas a un sector que ya de por sí está pasando el peor momento de su historia, el de la construcción.
-Supondrá la inviabilidad de multitud de proyectos.
-No aporta nada nuevo a los edificios que tienen interés patrimonial, los cuales ya se encuentran protegidos mediante el catálogo incluido en el actual Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico.
El fundamento sobre el que se basa el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía para su aprobación es totalmente erróneo por lo siguiente:
-Motiva las casas de la C/San Francisco, el recinto amurallado, la Iglesia de Santa María de la Mota, casas palaciegas como la casa del Escudo o la casa de las Palmeras, inmuebles que ya se encuentran incluidos en el Conjunto Histórico delimitado en 1966 y que por tanto no se añaden en la ampliación, ya lo estaban antes.
-Argumenta la existencia de iglesias como San Pedro, San Agustín, o la Encarnación y los recintos conventuales, edificios todos ellos incluidos en el Catálogo de Edificios Protegidos, encontrándose ya protegidos sin necesidad de ampliación.
-Expone que el caserío popular está compuesto por casas de aparceros, jornaleros, construido en ladrillo, teja, madera y cal. Habría que preguntarle al informador ¿cuántas casas existen que tengan esa tipología? La Junta de Andalucía ha confundido el respeto que los marcheneros han mantenido en la tipología de la construcción durante las últimas décadas, con casas originales de hace algunos siglos.
Todo esto llega en un momento en el cual la referida Iglesia de Santa María lleva clausurada más de un año por encontrarse con las cubiertas en mal estado y no garantizarse la seguridad de sus ocupantes. Para esta Iglesia, claro exponente de nuestro patrimonio y argumento para que la Junta de Andalucía adopte esta medida, sin embargo no existen fondos para su restauración.
La Iglesia de San Agustín, edificio de enorme valor patrimonial, así como toda su zona conventual, se encuentra en una situación crítica, necesitando una actuación de emergencia que repare las cubiertas y refuerce y asegure su cúpula central.
De ambas necesidades se la ha hecho partícipe a la Consejería de Cultura, concretamente a la Delegación Provincial, encontrando siempre la negativa por respuesta a la hora de poder destinar fondos a la restauración de estos inmuebles.
Toda una contradicción que se argumenten estos edificios para justificar la ampliación de un Conjunto Histórico, pero al mismo tiempo se niegue destinar recursos para mantenerlos con una dignidad mínima.
En definitiva, una decisión que toma la Junta de Andalucía que perjudica a toda una población y en contra de la voluntad de los ciudadanos.
Ante esta situación, al Ayuntamiento sólo le queda iniciar las acciones jurídicas que procedan con el objeto de dejar sin efecto la resolución adoptada por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía.
Igualmente, se llevarán a cabo las acciones necesarias para concienciar a la población de la repercusión que tiene esta decisión y el efecto que tendrá en el futuro de nuestro pueblo y de sus ciudadanos.
Marchena, 3 de marzo de 2010.
Juan Rodríguez Aguilera
Alcalde de Marchena
